_-_copia.jpeg?ssl=1 "Elecciones primarias de Honduras")
En Honduras, el estado de excepción ha generado mucha polémica en los meses recientes. La legisladora Maribel Espinoza, quien pertenece a la oposición, ha manifestado su preocupación por la dirección que ha adoptado la ejecución de esta norma, que en un inicio se planteó para luchar contra el crimen. Según sus palabras, el régimen se está usando de tal manera que cuestiona las garantías constitucionales y podría actuar como herramienta de persecución contra grupos críticos del gobierno.
Espinoza expresó que algunas acciones realizadas bajo el estado de excepción infringen los derechos de los ciudadanos. Señaló, por ejemplo, la entrada a la casa del general retirado Romeo Vásquez Velásquez sin una orden judicial, un suceso que, según mencionó, destaca el uso arbitrario del poder y la ausencia de controles por parte de las instituciones. Para la legisladora, este tipo de conductas podría convertirse en una preocupante aceptación de prácticas autoritarias si no se establecen claramente los límites del decreto actual.
Comentarios sobre el Ministerio Público y posibles problemas legales
La diputada también cuestionó la actuación del Ministerio Público, al considerar que no está garantizando imparcialidad ni respeto al debido proceso en la ejecución de las medidas extraordinarias. A su juicio, esto genera un ambiente de inseguridad jurídica que afecta no solo a figuras públicas, sino a cualquier ciudadano expuesto a decisiones arbitrarias.
En este contexto, Espinoza pidió al Congreso Nacional que examinara cuidadosamente si es conveniente continuar con el estado de excepción, usando como único criterio las responsabilidades para las cuales fueron elegidos por el voto popular, no sus orientaciones políticas. Señaló que extender esta medida podría responder a objetivos políticos que pretenden fortalecer el control del gobierno a través de la restricción de libertades civiles. Además, destacó que la seguridad pública no debe servir de pretexto para erosionar el Estado de derecho ni para limitar la participación democrática.
Respuestas en el Congreso Nacional y discusión sobre la continuidad
Las críticas de Espinoza se suman a voces de diversos sectores que exigen mayor transparencia en la aplicación de esta medida. Aunque fue concebida como respuesta a la violencia, crece la percepción de que se está utilizando para silenciar a la disidencia. El debate sobre su continuidad sigue abierto en el Congreso y en la sociedad civil, donde se demanda un equilibrio entre seguridad y respeto a los derechos fundamentales.
